Ante la resolución PLE-CNE-14-9-18-T que el Consejo Nacional Electoral Transitorio dio a conocer el pasado martes 25 de septiembre, el Partido Socialista Ecuatoriano denuncia a la opinión pública el peligro que corren los derechos de participación política y de organización autónoma de los partidos y movimientos en el país.

La resolución del CNE-T desconoce dos sentencias de primera instancia del TCE a favor del PSE. Además, violentando el Código de la Democracia y los Estatutos del PSE, pretende designar una comisión interventora que decidiría el registro de afiliados, las reglas de sufragio y escrutinio, la línea política de la organización, una nueva directiva nacional e incluso el manejo del fondo partidario, lo que podría incurrir en peculado.

Esta insólita resolución responde únicamente a los intereses de exmilitantes que tienen años de desafiliación e incluso han participado electoralemente por otros partidos, como es el caso de Enrique Ayala Mora que presentó su candidatura en el 2017 para asambleísta de Imbabura por Unidad Popular.

Si bien el Consejo Nacional Electoral Transitorio ha suspendido momentáneamente la ejecución de la resolución, varios de sus miembros presentan claras intenciones de desconocer la voluntad de los militantes socialistas. ¿Cómo podemos confiar en un árbitro que no es neutral ni respeta las reglas del juego democrático?

En ese sentido, denunciamos el conflicto de intereses, por decir lo menos, de la consejera Diana Atamaint, cuya pareja es miembro del colectivo de exmilitantes que buscan obtener una organización política con maniobras políticas ilegales ya que no pueden lograrlo por una vía democrática. La militante de Pachakutik y hoy consejera del CNE-T es candidata para el CNE definitivo. Su actuación siembra dudas sobre el respeto al debido proceso, las garantías democráticas existentes y el accionar ético de los próximos responsables de las elecciones en Ecuador.

Nos encontramos ante una intromisión en la democracia interna de las organizaciones políticas sin precedente histórico en el país. Y esta resolución se produce, casualmente, en un momento previo a la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del 2019. El PSE está en una situación de indefensión jurídica. No puede recurrir al TCE, al no contar con todos sus miembros, ni puede acudir a la Corte Constitucional, dada la “vacancia constitucional” decretada.

Sin embargo, la posición de la militancia del Partido Socialista Ecuatoriano es defender con absoluta firmeza su democracia interna, su derecho a elegir autoridades sin interferencia estatal, así como a denunciar públicamente al pueblo ecuatoriano, y a organismos internacionales, la amenaza bajo la cual hoy se encuentran los derechos políticos y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.