Colombia es el único país de América del Sur que mantiene un conflicto interno armado. Es uno de los conflictos más viejos de la región, con orígenes en los años cuarenta, y aunque ha mutado tanto en características como en alcances o actores, constituye uno de los principales problemas del país.

En el pasado han existido algunos intentos por terminar el conflicto armado. Podemos mencionar la amarga experiencia a inicios de los ochenta, donde la guerrilla de las FARC intentó dar un paso hacia la política institucional creando el partido político de izquierdas Unión Patriótica. El intento terminó con el asesinato de miles de sus militantes, y el regreso a la apuesta armada de la guerrilla.

También podemos mencionar la experiencia donde la guerrilla del M19 logró negociar su paso a la política institucional, entregó las armas y se disolvió como organización militar. Logró negociar la convocatoria a una Asamblea Constituyente en 1990, donde tuvo una importante participación política, que permitió mejorar las condiciones democráticas del país.

Más adelante, entre 1998 y 2002, el gobierno del conservador Andrés Pastrana inició unas negociaciones con las FARC, en donde incluso dejó bajo su gobierno a un territorio correspondiente al tamaño de Suiza, la zona desmilitarizada de El Caguán. Sin embargo, los actores involucrados no lograron llegar a acuerdos concretos ni manejar los tiempos que la sociedad exigía. La negociación terminó sin beneficios para Colombia y el conflicto se recrudeció.

De hecho, el mismo conflicto había cambiado. Ya no era un clásico conflicto político donde unas fuerzas insurgentes buscaban derrocar al gobierno y construir un nuevo modelo de sociedad. Este conflicto se había vivido en la décadas de los 70 en el Conosur en medio de dictaduras, o en los 80 en Centroamérica en medio de guerras civiles. En Colombia el conflicto armado rebasaba la dinámica política y tenía cada vez más, especialmente a fines de la década de los 80 e inicios de los 90, un componente especial. El narcotráfico, que había emergido con fuerza en la década de los ochenta, se había introducido en toda la sociedad colombiana y era parte fundamental del mismo.

Posteriormente, vino una de las etapas más negras de Colombia. Las élites colombianas consideraron que la salida del conflicto tenía que ser armada. Para ello no dudaron en constituir dos actores que les sería útiles a sus propósitos.

Por un lado, decidieron constituir grupos armados que hagan frente a las guerrillas y permitan defender los privilegios de clase sin los reparos éticos y democráticos que la institucionalidad exige. Los paramilitares les permitieron utilizar las formas más duras de la guerra para su combate a las guerrillas al tiempo que permitieron realizar una contrareforma agraria en el campo colombiano.

Por otra parte, también necesitaron de una nueva estrategia institucional. Para ello apoyaron a un líder político de pasado oscuro pero con una práctica funcional: discurso duro, formas agresivas, neoliberalismo extremo, incondicionalidad a Estados Unidos, fanatismo autoritario y poco apego a las normas democráticas. Creían que para poner la casa en orden era necesario un líder de tipo mafioso: Álvaro Uribe.

Esta apuesta se reforzó gracias al apoyo incondicional de Estados Unidos que diseñó y colaboró activamente con el llamado Plan Colombia. La nueva estrategia buscaba derrotar militarmente a las guerrillas y contó con una millonaria inversión en fuerzas armadas, servicios de inteligencia y compra de tecnología militar de punta. El Plan Colombia logró disminuir la capacidad operativa de las guerrillas, pero con enormes consecuencias en derechos humanos, calidad democrática y costos ambientales.

Vale indicar que esto obtuvo también apoyo de una parte considerable de la sociedad colombiana desilusionada de últimas negociaciones sin resultados, cansada del conflicto armado, sensible ante los abusos y excesos de los actores del conflicto.

El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, un claro representante de la aristocracia colombiana, inició conversaciones con las FARC, que tras meses de negociaciones en Cuba están en sus últimas fases. A ello se agrega el inicio también de conversaciones con el ELN, que parte de ellas se realizarán en Ecuador. Todo esto posibilita soñar con el fin del conflicto armado en Colombia. Un hecho histórico con enormes consecuencias.

Una parte considerable de las negociaciones tienen que ver con las condiciones de los actores del conflicto: cese de hostilidades, entrega de armas, desmovilizaciones de los guerrilleros, amnistías y tratamiento jurídico a los casos de violaciones de derechos humanos.

Como en toda negociación de conflictos armados internos existe una dimensión política. Esto supone no solamente tratar la situación concreta de los alzados en armas sino también el cambio de las condiciones políticas de la sociedad. A veces esto pasa sólo por mejoras en la construcción democrática institucional, como los casos de Centroamérica o el anteriormente mencionado caso del M19, pero en otras contiene también elementos de dimensiones sociales y económicas. Algo que también es importante para el caso colombiano dada la ubicación del conflicto especialmente en las zonas rurales y periféricas del país.

Pero el proceso también tiene opositores. La historia ya ha enseñado en varias ocasiones los riesgos de jugar con la Caja de Pandora, una vez abierta lo que sale de ella es incontrolable. Uribe que antes fue tan funcional a las élites colombianas hoy constituye su mayor reto. Se ha convertido en el más feroz adversario de la paz y en un actor, a través de su bloque legislativo y su base social, que intenta boicotear el proceso de paz, anunciando el desconocimiento de lo negociado en un futuro gobierno y generando dudas sobre el cumplimiento de lo acordado.

Una Colombia sin conflictos armados será una gran oportunidad para la consolidación democrática y para la cristalización del enorme potencial económico del país. Lo que sin duda tendrá también efectos geopolíticos, especialmente para el caso ecuatoriano. Si Ecuador sufrió parte de las consecuencias del conflicto (violencia en la frontera, bombardeos con glisofato, refugiados, etc) también es presumible que podrá disfrutar de las ventajas de la paz.

La paz es un viejo y profundo anhelo de la sociedad colombiana, su concreción requiere que la sociedad abandone su postura expectante y participe activamente en su construcción. Requiere también que las élites sepan generarla sin pensar en instrumentalizarla como disfraz para la victoria total. Igualmente, las guerrillas –tanto las FARC como el ELN- deben entender que es probablemente su última oportunidad para reencauzar su lucha y recuperar legitimidad política. El mayor reto de Colombia, de la sociedad colombiana toda, es utilizar la paz como oportunidad de transformación y mejora de la vida de toda su población, especialmente de los más humildes.

 

Patricio Zambrano Restrepo

Presidente Nacional del Partido Socialista Ecuatoriano