Por: Silvia Salgado A.

En el marco de una crisis del capitalismo a nivel mundial, los pueblos  de la región y el Ecuador en particular vienen asumiendo un papel protagónico en la construcción de sociedades soberanas, democráticas, incluyentes, a partir de desmontar el modelo económico neoliberal  que postergó  la calidad de vida de los ciudadanos, privilegiando el mercado y los intereses de transnacionales que saquearon las riquezas en nuestros países.

En el caso del Ecuador desde el 2006,  vivimos un escenario propicio para levantar una propuesta transformadora, un proyecto político que se denominó Revolución Ciudadana y que permitió, a través de una Asamblea Constituyente  construir un Acuerdo Social, que en lo fundamental  define un Estado Constitucional de derechos y de justicia, una reforma a  la estructura del Estado,  un modelo económico donde el Estado regule el mercado  y esté en función del ser humano, un sistema de gobierno descentralizado, pero también logró redefinir la soberanía del país  frente a los intereses de países hegemónicos  imperialistas.

En el marco de estas  condiciones consideradas revolucionarias, los retos políticos estaban planteados, había que fortalecer las fuerzas sociales actoras de ese cambio para que alcancen un nivel de conciencia colectiva, repotenciar su capacidad para disputar la hegemonía POLÍTICA, y lograr el cambio de las relaciones de poder  instituidas frente a las fuerzas retrogradas  que se resistirían  a perder su dominio y sus privilegios.

Sin duda alguna desde el poder político gubernamental había que contribuir y garantizar este proceso, hechos puntuales  como la renegociación de contratos petroleros, regular la banca, leyes como economía popular y solidaria, ley de comunicación, ley de poder del mercado, reformas tributarias, política social de inclusión y de justicia en la redistribución de la riqueza a través de la inversión , servicios públicos de calidad, infraestructura productiva,  política soberana sobre la deuda externa, cuestionamiento del orden instituido internacional del modelo neoliberal, etc. son las acciones que fueron marcando un punto de quiebre con el pasado.

La disputa  social, económica y política siempre estuvo presente  en la  escena en todo el proceso de la Revolución Ciudadana, las fuerzas del status quo que se resisten a los cambios y las fuerzas transformadoras que necesitaban activarse permanentemente para hacer y defender esos cambios.

Es innegable los logros alcanzados en estos ocho años de Revolución ciudadana, que por diez ocasiones ha recibido el apoyo en las urnas, como también es reconocido el liderazgo de nuestro Presidente Rafael Correa que ha trascendido a nivel mundial, pero es precisamente esa incidencia que ha alertado a  la derecha política y al imperialismo y hoy arremeten con violencia.

Corresponde entonces mayor  responsabilidad política en las diferentes esferas  del ejercicio del poder, es urgente superar el  rol  secundario y pasivo del actor y conductor político del proceso, que hasta hoy ha sido predestinando de manera exclusiva al Movimiento País y sus ejecutorias y  que ya fue advertido en el último proceso electoral del pasado 23 de Febrero donde se eligieron autoridades locales.  Alerta que abrió la necesidad de un debate sobre la  acumulación de fuerza social y política para consolidar el proceso transformador (Frente Unidos, CUT, Alianza Indígena, etc.)  frente a una estrategia  reconocida –como restauración conservadora – ya en marcha en el país y en la región, que le apostaba a utilizar  todos los métodos a su alcance para alcanzar su objetivo detener el avance de la consolidación de la Revolución Ciudadana.

Sin embargo, la incidencia de una política económica exterior a un país dolarizado y aún dependiente del petróleo, abrió  dos escenarios: avanzar y  radicalizar el proceso  junto al pueblo, o retroceder y ceder espacio a las fuerzas retardatarias poseedoras del poder económico en el país.

El primer escenario definiría la continuidad y la consolidación del proceso transformador y el segundo la consolidación de fuerzas contrarrevolucionarias que implanten el aniquilamiento de todo lo que exprese ese cambio. De este modo se asumió como prioritario impulsar una reforma constitucional que abriría la posibilidad de la reelección presidencial  y una política de erradicación de la pobreza como imperativo político, para lo cual, en el campo normativo, se planteó la redistribución de la riqueza a través de dos leyes conocidas como ley de herencia y  de plusvalía, que puso en el debate y evidencia los mecanismos que se utilizaron para la acumulación de la riqueza en manos de un reducido grupo  en detrimento de la mayoría de los ecuatorianos (evasión de impuestos, ganancias extraordinarias por ejemplo). Como es obvio la derecha política que ve afectados sus intereses políticos y económicos no tardaron en ver la oportunidad  para reaccionar y radicalizar la oposición,  implementando todo un plan desestabilizador y golpista.

Por otro lado, sectores ciudadanos que identificamos como parte de los movimientos sociales, aquellos que fueron excluidos, empobrecidos, despojados de derechos, perseguidos  por el poder oligárquico  que controlaba el poder político por décadas en el país, hoy levantan agendas gremialistas, corporativas, sectoriales, quedando rezagados del proceso, por sus posiciones que cuestionan precisamente la hegemonía política de un nuevo Estado que representa los intereses colectivos y que no diferencian de ese Estado hegemónico de las minorías de las clases dominantes explotadoras y hoy son también parte de una oposición al régimen y confluyen en el discurso y en el hecho, sin pretender desconocer la necesidad de incorporar a la agenda política gubernamental importantes demandas que tienen que ser asumidas con posiciones propositivas desde un Diálogo Social efectivo y permanente.

Sin duda estamos frente a una contrarrevolución que pretende aniquilar lo alcanzado para recuperar su espacio perdido, estamos ante un periodo de contrarrevolución que exige retomar la construcción del poder popular capaz de vencer la disputa y alcanzar la hegemonía política del proceso, para garantizar su continuidad, profundizarse, radicalizarse y depurarse, no solo para tener éxito en la gestión del Estado, sino para democratizar el poder y construir los cimientos de una sociedad socialista, y esto se logra ampliando la base social y política como actora y protagónica del proceso de cambio por la democracia y la justicia social.